Reforma en silencio...
@javiermayorca
EL GOBIERNO AVANZA EN UNA NUEVA REFORMA POLICIAL.
Contrario a lo sucedido en la época de la Conarepol (2006), cuando se
hicieron discusiones y mesas de trabajo entre expertos, con cierto grado
de amplitud y apertura política, lo que estamos viendo ahora es una
novela por capítulos, que lenta e inexorablemente intenta modelar el
sistema de seguridad ciudadana hasta llevarlo a la medida de las
necesidades del régimen.
Se debe aclarar que estamos ante un
proceso en desarrollo, que podría tener giros inesperados en el camino.
Sin embargo, sus tendencias más importantes son las siguientes:
1.-Centralización. Desde la
puesta en vigencia de la primera Ley Orgánica del Servicio de Policía y
del Cuerpo de Policía Nacional (2010), el ministerio de Relaciones
Interiores se autoerigió en “órgano rector” de todos los cuerpos
destinados a velar por la seguridad ciudadana. Desde entonces, tanto las
policías preventivas como los bomberos y Protección Civil han ido
perdiendo sus características regionales y locales, para convertirse en
ejecutores de los designios fijados desde Caracas.
Pero esto no es suficiente. Ya el
general Néstor Reverol ha adelantado algunas pinceladas de lo que
vendría en materia policial si se aprueba la Carta Magna elaborada por
la Asamblea Nacional Constituyente, y cuyo primer borrador es del
conocimiento público. Un aspecto importante es que los gobernadores y
los alcaldes ya no podrán crear cuerpos policiales –en ejercicio de una
competencia concurrente con el gobierno central-, sino que se
convertirían en meros administradores de capítulos regionales y locales
de la Policía Nacional.
De hecho, en la actualidad la
autonomía de los mandatarios estatales y municipales en materia de
seguridad está bastante cuestionada. Por ejemplo, para designar a los
directores de estos organismos tienen que elevar una terna al MRI, y es
entonces cuando el nombramiento podrá hacerse.
2.-Pérdida del carácter civil.
Aunque la Constitución vigente –y el proyecto que está en discusión-
reivindican que los cuerpos de seguridad ciudadana tienen carácter civil
y deben ser conducidos por civiles, en la práctica casi todos los
órganos preventivos son dirigidos por militares, activos o retirados.
Empezando por la Policía Nacional, descrita como el “cuerpo pionero” del
nuevo modelo policial, que está bajo la égida de un general de
división. Además, existe un tutelaje castrense sobre las policías
uniformadas que se ha venido configurando a través de resoluciones
ministeriales. Una reciente, por ejemplo, establece que los puntos de
control callejeros deberán ser supervisados por militares de las
correspondientes áreas de defensa integral.
3.-Pérdida de especificidad.
En el modelo vigente, las labores de prevención del delito son potestad
de los cuerpos municipales y regionales, así como también de la Policía
Nacional, que complementa a los primeros. La PNB también tiene asignadas
potestades de investigación en delitos específicos, como por ejemplo la
extorsión y el secuestro, el terrorismo y el tráfico de drogas. Sin
embargo, el trabajo más relevante, según los propios legisladores, debe
ser complementar los trabajos de policía ostensiva.
Un primer paso hacia el “nuevo
modelo” lo vimos en una resolución de Relaciones Interiores, publicada
en Gaceta Oficial el 27 de septiembre, en la que se “habilita” a siete
policías municipales para llevar a cabo trabajos de investigación e
instrucción de expedientes en delitos catalogados como “menores”, es
decir, que tienen penas máximas de hasta ocho años de prisión. Una
medida similar fue emitida para los capítulos de la Policía Nacional en
Zulia, Lara, Carabobo y Anzoátegui. En otras palabras, las policías
preventivas asumen funciones de la policía de investigación.
Esto implica que el Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas formalmente
perdió el monopolio de la pesquisa en materia penal. Uno podría suponer
que esta circunstancia obligará a los directivos de Cicpc a concentrar
los escasos recursos disponibles en la investigación de los delitos
catalogados como “más graves”, comenzando por los homicidios. Y sin
embargo vemos que se distraen importantes porcentajes de horas-hombre
cuando se destina a funcionarios de las divisiones contra Robos y Bandas
para recorridos en circuitos de patrullaje inteligente, o cuando los
ponen a vigilar jornadas de ventas de alimentos. Entonces, la policía
judicial también queda desvirtuada.
4.-Defensa de una parcialidad política.
Cuando el entonces presidente Chávez ordenó alterar la ley del Servicio
de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional para incorporar en su
título el adjetivo “Bolivariana”, en diciembre de 2009, le daba una
estocada a uno de los objetivos planteados con la reforma policial, que
era la preservación de un espíritu de imparcialidad política,
independientemente de la militancia que pudieran profesar sus
individualidades. Al catalogar a la Policía Nacional como Bolivariana,
el principal cuerpo armado civil del país (con unos 26.000 hombres) se
alineaba con una ideología. Por ende, marginaba a todos los que no
comulgaran con ella. Esto lo observó en su momento uno de los
principales exponentes de la Comisión para la Reforma Policial, el
criminólogo Luis Gerardo Gabaldón.
En la actualidad, todas las policías
bajo mando centralizado (incluida Cicpc) dicen ser “revolucionarias” e
incorporan en sus documentos viejos y nuevos eslóganes, tales como “El
sol nace en el Esequibo” o “Chávez vive”, que por cierto no guardan
ninguna relación con el objetivo fundamental de un sistema policial en
régimen democrático.
Y aquí va la última y quizá más preocupante tendencia.
5.-Giro autoritario. Las
policías, y en especial la Policía Nacional con su Fuerza de Acciones
Especiales, se han constituido en el principal factor de violencia en
Venezuela, junto a las bandas organizadas. Para 2017, las acciones de
los funcionarios policiales y militares (en actos policiales)
representaron el 27% de todos los homicidios. Al momento de la redacción
de este trabajo, esa cifra había subido a 31%. Esto dice mucho de la
incapacidad de abordar los problemas de criminalidad mediante medios no
letales. Y visto en términos más amplios, sobre la forma imperante para
resolver los conflictos, que es mediante la eliminación física del
contrario, del que sea considerado delincuente.
Las tácticas de “mano dura” reciben
elogios, abiertos y solapados, desde muchos sectores de la población,
incluidos algunos que no están con el Gobierno, pero que coinciden con
los oficialistas en ese sentimiento de impotencia ante tanta ilegalidad.
Desde ese punto de vista, la eliminación física del delincuente viene a
ser la salida más expedita. Por eso las OLP han continuado, aunque
despojadas de ese nombre.
La última encuesta mundial Gallup
sobre ley y orden revela que los venezolanos tienen uno de los niveles
más elevados de desconfianza en sus cuerpos policiales. Estas medidas
que están adoptándose solo contribuirán a incrementarlos, y obligarán al
ciudadano a trajinar caminos no institucionales en la búsqueda de
justicia.
http://runrun.es/opinion/355294/crimenes-sin-castigo-reforma-en-silencio/
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